Fiscalía de Delitos Económicos aceptó pedido de apoyo internacional a la investigación fiscal por presunta “parlacoima”

Octubre 26, 2012 | publicado por CEJ en Noticias del CEJ

El apoyo internacional ofrecido consiste en el intercambio de transferencia y conocimiento técnico en la investigación de hechos similares de casos de corrupción pública complejos en países como Brasil, Perú y Costa Rica, con el apoyo de la Red Mundial Anticorrupción. El objetivo es fortalecer la acción fiscal penal, debido a la complejidad del tema y a la eventual presión política  a la que se vean expuestos los investigadores para detener las averiguaciones.
 
“La corrupción en el ejercicio de la función pública es un problema central de la democracia en el país y es terrible el gran daño social que causa. Y, en este caso, sus efectos son visibles, porque el pueblo va a tener que seguir sufriendo con mal servicio de transporte público por culpa de la presunta compra de votos en el Parlamento. Por eso, es un momento en que la ciudadanía está indignada y quiere respuestas ante este hecho de corrupción”, dijo la dra. Rivas, directora ejecutiva del CEJ.
 
Participaron de la reunión los fiscales Carlos Arregui y René Fernández, así como otros fiscales que forman parte del equipo de investigación de sonados casos de corrupción pública en el país; así como Maximilian Heywood, de Transparency International. De esta manera, fiscales de estos países estarían colaborando con el Ministerio Público para llevar adelante las averiguaciones que se iniciaron con las denuncias públicas realizadas por el gobernador del departamento Central, Carlos Amarilla; el Senador Luis Alberto Wagner y el diputado Diego Vera. Los mismos acusaban de compra de votos a los legisladores, por parte de empresarios de transporte, para rechazar el  crédito del BID destinado al financiamiento del proyecto denominado Metrobus, el 13 de setiembre pasado.
 
Referentes internacionales de posible apoyo
El director regional para las Américas de Transparency International, Alejandro Salas, hizo el seguimiento para la investigación fiscal en el caso conocido como“mensalão” en Brasil, que derivó en lo que se dio en llamar “el juicio del siglo”, y en la condena de los más importantes políticos de la cúpula del Partido de los Trabajadores, aliados al expresidente Lula. Fiscales intervinientes en la causa podrían colaborar con Paraguay.
 
Salas también se refirió a las investigaciones exitosas en Perú, con el escándalo por delitos de corrupción del gobierno del expresidente Fujimori(1990-2000), por los que debió renunciar a su cargo y fue condenado a cuatro años de cárcel -además de otros 25 que le habían dado por asesinatos. Alrededor de 1.500 personas vinculadas al sistema de corrupción del gobierno de Fujimori han sido procesadas  y más de 50 se encuentran prófugas.
Finalmente, hizo alusión a la investigación del expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, condenado a 5 años de prisión por instigador de corrupción agravada y a 12 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos en el caso ICE-Alcatel. Se calificó al exmandatario como “el instigador” para que se exigieran dádivas a la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel en la adjudicación para instalar 400.000 líneas celulares en el 2001.

 

CEJ promueve denuncias de ciudadanos afectados
Para el Centro de estudios Judiciales, el caso metrobús es emblemático, teniendo en cuenta que en esta ocasión se rompió el silencio corporativo de legisladores. Por este motivo, la organización impulsó una denuncia penal innominada contra parlamentarios por hechos punibles de soborno y cohecho, a la que se unieron unas 15 organizaciones y redes civiles del Paraguay, el 28 de setiembre pasado.
 
Para promover denuncias penales de la ciudadanía por la presunta coima parlamentaria, el Centro de Estudios Judiciales lleva adelante la campaña “Soy víctima de la coima parlamentaria”, a través de la página web del CEJ, www.cej.org.py/parlacoima El objetivo es que el Ministerio Público actúe y que la supuesta coima en el parlamento no quede en el “opareí”.
 
Con la campaña, el CEJ busca que las personas que se consideren víctimas de la decisión parlamentaria sospechada en la denuncia, realicen la denuncia individual o colectivamente, descargando un sencillo formulario a través de la página web.

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